La víctima de una lesión de un derecho de la personalidad mediante los contenidos publicados en un sitio de Internet puede ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado, bien ante los...
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En caso de que una empresa pacte con dos particulares independientes entre sí una cesión de sus terrenos para que la mercantil construya viviendas, el incumplimiento de los dos particulares que genere la...
Tras la batería de medidas presentadas la semana pasada para regenerar la Justicia, el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado su intención de una Ley de Jurisdicción Voluntaria que permita...
Al adquirir un negocio en el que, previsiblemente, se deberá llevar a cabo una reestructuración de personal o Expediente de Regulación de Empleo (ERE), los gastos en que incurra el nuevo propietario "no generan una...
Debe entenderse por establecimiento del empleador, a efectos de fijar la ley de qué país rige la relación laboral, exclusivamente la empresa que procedió a contratar al trabajador, y no aquélla a la que el empleado...
"En la Ley de Suelo coexisten distintos criterios de valoración para un mismo terreno, según sea objeto o no de expropiación, lo que da lugar a un sistema de valoración incongruente". Así lo denunció Francisco...
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El Comité Económico y Social Europeo ha advertido de que una base imponible común del Impuesto sobre Sociedades para los Veintisiete propuesta por el Consejo Europeo, puede suponer una pérdida de la soberanía...
En caso de que los administradores de una sociedad, conscientes de la delicada situación que padece la compañía, inmersa en la plena crisis del sector de la construcción y afectada además por el concurso de la sociedad participada, opten por una ampliación de capital social con suscripción preferente de acciones por parte de los socios a los efectos de evitar que éstos vieran diluida su participación social, sin que exista prueba alguna de que procediesen de tal forma con la "aviesa intención de privar a un socio de sus derechos por carecer de recursos para participar en la ampliación de tal capital", implica que la razón de ampliar el capital social, sometida a la voluntad general de la sociedad constituida en Junta, estaba justificada, respondiendo al propósito serio y razonable de capitalizar a la entidad dada la delicada situación económica por la que atravesaba. Lo recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, de 9 de diciembre de 2011.
El carácter excepcional del recurso de casación por razón de la cuantía exige una fundamentación suficiente sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada y comporta la necesidad de una interpretación rigurosa de esta modalidad para que mantenga su finalidad de unificación de la aplicación de la ley civil y mercantil, y no se convierta en una vía de acceso al TS carente de justificación institucional, como ocurre en el caso de esta sentencia del Supremo, de la que es ponente el magistrado Seijas Quintana: en este caso, el recurso no sólo incurre en una valoración interesada de la prueba en relación con la acreditación o no de los vicios o defectos constructivos de los que resulta responsable la recurrente, sino que, bajo la apariencia de plantear cuestiones de naturaleza jurídica como las referidas a la calificación de los vicios como ruinógenos o de simple acabado, desconoce el fundamento de la resolución que impugna.
A la hora de interpretar una cláusula contractual que facilite la aprobación de un ERE, en la que se afirme que "en cuanto al paro consumido, la empresa repondrá las prestaciones consumidas en virtud de los ERES", el término "reponer" significa volver a poner o a adquirir lo perdido o colocar a alguien o algo en el lugar o estado que tenían antes (Diccionario de la Real Academia). Por ello, la interpretación que hace la sentencia recurrida parece ajustarse al tenor literal de ese acuerdo que era colocar a los afectados en el lugar o estado que tenían antes de los expedientes de regulación de empleo por los que se suspendieron sus contratos, esto es conservar los derechos que tenían a prestaciones por desempleo antes de aquellas suspensiones. Así lo estima el Supremo, en sentencia de 28 de noviembre de 2011.
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